Convención Belem do Pará +20 ¿Y ahora?

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El pasado 9 de junio se cumplieron dos décadas de la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, incluso ante la gestión de un “gobierno socialista, humanista, feminista y de paz”, ese evento se convierte en letra muerta que evidencia el poco interés de la administración de turno por tener avances reales en el compromiso adquirido en dicho documento.

Según señalan Ana Lucina García Maldonado y Evangelina García Prince –integrantes del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres-, luego de estos 20 años posteriores a Belem do Pará, llama la atención que el Estado ha tomado una postura irresponsable ante un tema que involucra a cerca de la mitad de la población, entre lo que destaca:

–       La ausencia de registros, denuncias e incluso la censura oficial impide tener información fidedigna sobre la verdadera cifra de víctimas femeninas producto de la violencia. Se estima que cuatro mujeres son asesinadas a diario y por cada caso denunciado, diez permanecen ocultos. La información sobre tarta de persona también es escasa e inaccesible.

–       No hay iniciativas sistemáticas de prevención ni de promoción de las acciones que ejecutan el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y el Observatorio de Género adcrito a dicho ente.

–       Acceder al MinMujer resulta engorroso. La información provista en la web del MinMujer está compuesta por notas de prensa. No se puede ingresar a informes oficiales y no aparece la ubicación de las oficinas.

–       Solo existen 3 casas de abrigo para mujeres víctimas de violencia en todo el país.

–       Pese a que la Fiscalía General de la República creó una unidad de atención y el Tribunal Supremo de Justicia creo cerca de 40 tribunales para trámite de denuncias -las cuales aumentaron de manera notable-  el índice de casos llevados a término y solución en sentencia no llega a 4%.

–       Abundan los obstáculos para el acceso a la justicia y no existe garantía de sanción contra el agresor, lo cual produce altos niveles de impunidad.

–       La limitada capacitación de las y los funcionarios, sumada a las insuficiencias tribunalicias, el diferimiento injustificado de las audiencias de tribunales y otros factores no legales son agravantes de la situación.

El momento que se vive no solo viene marcado por la ya evidente reestructuración de valores en una sociedad en la que las mujeres son parcialmente invisibilizadas por su condición de sexo y género, sino que las formas de acceso a justicia e información se hacen –paradójicamente, en la sociedad de información- poco accesibles y confusas.

Aunado a esto, el solo hecho de salir a exigir derechos fundamentales es razón para presumir que esa mujer “es escuálida”, lo que implica que puede ser objeto de represión, vejación y violación de sus derechos humanos.

Adicionalmente, la decisión del actual gobierno de deslindarse  de la Convención Interamericana de  Derechos Humanos y quedar fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obstaculiza el acceso a esa esfera de la justicia regional a las mujeres víctimas de tales atropellos.

Lo triste es que Venezuela no solo impulsó la firma de ese acuerdo, sino que fue la promotora de la elaboración de leyes sobre violencia contra las mujeres en la región, aunque desafortunadamente estas iniciativas se hayan desvanecido en la rimbombancia de organizaciones que promueven una institucionalidad patriarcal y que no terminan de consolidarse como verdaderos entre de reducción de la brecha de sexo y género.

Más allá de las agresiones a figuras femeninas públicas como María Corina Machado, D`elsa Solórzano, María Gabriela Arellano, Rocío Sanmiguel, Rosa Brandisio de Scarano y Patricia Gutiérrez de Ceballos, están las agresiones a ciudadanas comunes cuyos casos  muy probablemente no saldrán a la luz a menos que éstos sean emblemáticos, independientemente de la naturaleza del acto violento. Sin embargo, no por ello dejan de ser evidencia el desinterés del gobierno por ejercer con eficiencia y eficacia el imperio de la ley.

*Se puede difundir y republicar el artículo, citando la fuente.

Ana Teresa Trujillo Arroyo

@anatetrujilloa

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